EL P.O.T.: UNA CARTA DE NAVEGACIÓN

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Ya han pasado más de 15 años desde que se creó la ley 388 de 1997 sobre desarrollo territorial la cual estableció la obligatoriedad de formular Planes de Ordenamiento Territorial en todos los municipios del país, y para muchos de ellos sigue siendo eso: una obligatoriedad que sólo es útil para poder acceder a recursos nacionales o incluso internacionales, y los documentos que conforman el POT quedan archivados en algún rincón de las oficinas de planeación.

Esto ocurre, pienso, en primer lugar, porque se considera la planeación territorial como un tema difícil de entender y entonces se dejan estas decisiones en manos de consultores que en la mayoría de los casos no conocen a fondo la realidad del municipio, de su territorio, pues el objetivo de las administraciones es cumplir con los plazos de entrega de los documentos. Con esto no estoy diciendo que la labor de los consultores no sea importante; el consultor encargado de la elaboración o de la revisión y ajuste del POT debe ser quien interprete y ayude a plasmar de manera adecuada el modelo territorial del municipio, la visión de futuro de su población –la cual debe estar articulada con las perspectivas regional y departamental-. Como dice el planificador español Domingo Gómez Orea, el ordenamiento territorial “es la proyección espacial de las políticas sociales, culturales, ambientales y económicas de una sociedad”. En segundo lugar, ocurre por la visión individualista de muchos de los gobernantes municipales, cuyo objetivo –en el mejor de los casos- es cumplir con lo prometido en campaña, sin tener en cuenta la Carta de navegación del municipio: EL POT. Entonces el POT se convierte en un instrumento para poner y quitar decisiones y proyectos de acuerdo con las conveniencias políticas, completamente desligado del Plan de Desarrollo del municipio y de la elaboración del presupuesto.

El Plan de Ordenamiento Territorial debe ser, como ya lo dije, la carta de navegación, coherente con la visión de futuro del municipio (de su población), de la región, del departamento y del país, debe tener en cuenta entre otros aspectos, las determinantes relacionadas con la conservación y protección del medio ambiente, los recursos naturales y la prevención de amenazas y riesgos. Debe convertirse en un instrumento efectivo de gestión a largo plazo del que se apropie no sólo el personal encargado de desarrollarlo, sino también la comunidad, principal veedora de la puesta en marcha del modelo territorial establecido. Sólo así se puede lograr el bienestar y el desarrollo sostenible del territorio y de su gente.

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